La iniciativa abarca a cuatro millones de personas que se jubilaron en las distintas moratorias sin haber completado los aportes. “Terminar con las injusticias heredadas”, aseguraron desde Casa Rosada.
Las alternativas que están analizando en áreas de Gobierno contemplan no dejar a los jubilados que llegaron por moratorias sin asistencia, sino pasarlos a un sistema de subsidios relacionados a los planes sociales.
Se calcula que en la actualidad hay más beneficios otorgados por moratorias (3,6 millones) que beneficios otorgados por haberse cumplido con la totalidad de los aportes regularmente requeridos (3,2 millones).
Para dimensionar la importancia de la medida, el pago de jubilaciones y pensiones representa casi el 40% del total del gasto público. El denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) representó el año pasado un gasto equivalente a 7,2% del PBI, según datos de IDESA.
Con datos a 2019, es decir antes de la pandemia, puede observarse que los aportes salariales financiaban sólo 55% del sistema jubilatorio, el resto proviene de impuestos y transferencias del Tesoro. Las últimas estimaciones arrojan que existen 1,8 trabajadores aportando por cada persona que cobra un haber, cuando se considera que deberían ser por lo menos tres para que el sistema se autofinancie.
El SIPA está concebido como régimen general. Pero en su interior operan regímenes especiales con beneficios superiores y regímenes diferenciales con menor edad de retiro, señala IDESA.
En paralelo al Sistema Integrado Previsional Argentino, y con escasa articulación, operan 13 cajas provinciales, 29 cajas municipales, 82 cajas de profesionales, 2 cajas de bancos públicos y cajas complementarias. En general, las cajas que no pertenecen al SIPA tienen reglas más beneficiosas y, dentro de ellas, también hay regímenes especiales. La suma da como resultado cerca de 240 regímenes que pagan unos 10 millones de jubilaciones y pensiones.