El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones es uno de los puntos más polémicos de la legislación que espera aprobar el Gobierno en el Senado. Sin embargo, no se descarta que sufra modificaciones debido a la resistencia por parte de las provincias.
El Senado debatirá la Ley Bases y, de ser aprobada por la Cámara alta, volverá a Diputados para su sanción definitiva. Allí, además del paquete fiscal, se tratará el capítulo del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el cual tiene como objetivo promover el desarrollo económico, entre otras cosas.
Según lo que establece el artículo 162 del texto aprobado en Diputados, el RIGI establece “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” para titulares de un único proyecto de inversiones que sí o sí superen los u$s200 millones.
Hay un plazo de adhesión son 2 años desde que se sancione la Ley Bases y el Poder Ejecutivo pueda extenderlo por un período de un año.
El régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años y el objetivo que tiene es promover el desarrollo económico, desarrollar y fortalecer la competitividad de los sectores económicos. Allí se encuentra la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución del IVA y retenciones cero para las exportaciones que haya luego de las inversiones.
En resumen, entre los principales puntos del RIGI, están los beneficios impositivos, Impuesto al Valor Agregado (IVA), otros impuestos, beneficios aduaneros y estabilidad normativa.
El RIGI puede permitir, según el ministro del Interior, Guillermo Francos, “atraer grandes inversiones, sobre todo en el área manera, petrolera y gas en grandes montos”. También, “promover grandes inversiones con proyectos de larga duración, según el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
Entre las críticas, aseguran que el techo de inversión mínimo de u$s200 millones deja afuera a las Pymes que generan mayor cantidad de empleo en el país. También aseguran que “aumenta el gasto tributario” y coloca a la CIADI, una institución bancaria de Estados Unidos, como tribunal de resolución de conflictos”.