“En el programa ‘Mañana Fantástica’, la Dra. Claudia Pallares, abogada especializada en derecho de familia, abordó un tema de gran interés para la comunidad santiagueña: el régimen vigente y el proyecto de divorcio administrativo.
Se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación que propone permitir el trámite del divorcio vincular en sede administrativa. Esta reforma afectará los artículos 435, 437 y 438 del Código Civil y Comercial de la Nación, que actualmente solo contemplan el divorcio dictado por un juez o jueza.
En este contexto, la abogada especializada en derecho de familia subrayó la importancia de abordar y comprender este tema. “En la actualidad, las causales para la disolución del matrimonio son específicas: incluyen la muerte de uno de los cónyuges, la presunción de fallecimiento declarada judicialmente y el divorcio. Hoy en día, dos personas pueden presentarse ante un juzgado solicitando la disolución de su vínculo matrimonial mediante lo que se denomina ‘divorcio bilateral’, además de existir la opción del ‘divorcio unilateral’.
Históricamente, el poder judicial mostraba una fuerte insistencia en mantener la unidad familiar, promoviendo la preservación de la familia. Sin embargo, en la actualidad prevalece la libertad y la voluntad de las partes. Así, si dos personas deciden no seguir unidas por cualquier razón, no es necesario invocar causales específicas; simplemente deben estar de acuerdo, y ese es el punto final. En el caso del ‘divorcio unilateral’, donde una de las partes no está de acuerdo, también se puede solicitar el divorcio, ya que el juez respeta la voluntad de una de las partes, permitiendo que el divorcio se decrete.
Por otro lado, es importante mencionar el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, que aún no ha sido sancionado. Esta iniciativa busca incorporar una cuarta causal de disolución del vínculo matrimonial: el divorcio administrativo, el cual se llevaría a cabo ante un oficial del registro de Estado civil y capacidad de las personas. Sin embargo, esta propuesta presenta el riesgo de que los cónyuges no reciban el asesoramiento adecuado, ya que al no contar con un profesional del derecho que les informe sobre los derechos que les asisten, existe un grave peligro de renuncia anticipada a derechos que luego no podrán reclamar.
“Además, este proyecto establece como requisitos condiciones que pueden resultar complicadas en la práctica, como no tener hijos matrimoniales, no poseer bienes registrables y no tener derecho a reclamar cuota alimentaria o compensación económica. Por lo tanto, los casos que se verían beneficiados por esta propuesta serían limitados. Es crucial alertar a la población, ya que se está presentando este proyecto como una solución que simplificará los trámites y reducirá costos. Sin embargo, es importante recordar que lo barato puede salir caro; al buscar ahorrar, podríamos terminar renunciando a derechos relacionados con bienes, compensación económica y cuota alimentaria”, cerró la profesional.