En una entrevista para el programa Mañana Fantástica, la médica psiquiatra del equipo de Salud Mental de la Fundación Familias Protectoras y coordinadora del área de género de APSA (Asociación de Psiquiatras de Argentina), Dra. Denisse Rumiet Milet, abordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y generalizadas en todo el mundo. Se estima que, a nivel global, casi una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.
En 2023, aproximadamente 51.100 mujeres y niñas en todo el mundo fueron asesinadas por sus parejas u otros miembros de su familia. Esto implica que, en promedio, se asesinó a una mujer cada 10 minutos.
“La violencia no solo afecta a las mujeres, sino también a otros colectivos vulnerables como la comunidad LGBTQ+ y los niños. A pesar de las medidas implementadas para visibilizar estas problemáticas, las estadísticas siguen siendo alarmantes. La prevención y erradicación de la violencia depende, en gran medida, de políticas públicas, pero también de un compromiso colectivo como sociedad, donde cada uno, desde su lugar, puede actuar como agente de cambio”, expresó la Dra. Rumiet Milet.
“En este sentido, la justicia debe ser un eje fundamental para abordar los casos de violencia. Debería ser la primera instancia en ocuparse de modificar las estructuras actuales que, en ocasiones, revictimizan a las mujeres, llevándolas al cansancio y a la retirada de denuncias, exponiéndolas aún más. La justicia debe ser un instrumento transformador que logre desplazar el modelo vigente, que termina oprimiendo a las mujeres y, en consecuencia, a los niños”, agregó.
“La violencia es, sin duda, un problema de salud mental y pública. Aunque no constituye por sí misma una entidad psicopatológica, es un tema recurrente que presentamos cada año en el Congreso Argentino de Psiquiatras. La violencia no debe verse solo como un factor de riesgo más en el desarrollo de diversas patologías de salud mental, sino como uno de los principales factores causales de enfermedades como la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de conducta alimentaria y el suicidio. Estos trastornos afectan principalmente a mujeres, niños y niñas, y en su mayoría están vinculados a contextos de violencia en el hogar, en el trabajo o en la escuela”, manifestó la Dra. Rumiet Milet.
El 14 y 15 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la UBA, se debatió por primera vez sobre el denominado síndrome de alienación parental y la violencia familiar. En relación a este tema, señaló que el llamado “falso SAP” (síndrome de alienación parental) fue descripto por un médico psiquiatra, pero no está categorizado en ningún manual diagnóstico y no tiene relevancia en el ámbito de la salud. “No es una entidad psicopatológica, pero sí se utiliza como un artilugio en la justicia para retrasar procesos judiciales y discriminar a las madres en estas denuncias, cuando en realidad, el agresor debería ser el que enfrentara las consecuencias legales”, explicó.
“Lo que resulta sorprendente es que el foco de la acusación se pone sobre las mujeres, y no sobre la persona que comete el delito. El SAP se utiliza para acusar a la madre de alienar al niño, instaurándole una idea en contra del progenitor”, sentenció.
La Dra. Rumiet Milet también abordó el tema de la violencia vicaria, un fenómeno que se presenta de forma constante en la sociedad argentina. “La violencia vicaria es aquella ejercida por un progenitor, generalmente el padre, que ataca o asesina a los hijos de una pareja con el objetivo de dañar a la madre o a la pareja. Estos casos constituyen un grave problema de salud pública, ya que no solo afectan a las mujeres, sino también a los niños involucrados. Las familias quedan devastadas, y en el caso de que la madre sea asesinada, los niños quedan desprotegidos, ya que ese progenitor tampoco es apto para la crianza”, explicó.
En cuanto al ámbito judicial, la profesional destacó el concepto de backlash, que se refiere al rechazo que enfrentan los profesionales que acompañan estos casos. “Este rechazo se manifiesta en conductas negativas, hostiles y de desconfianza hacia los profesionales que participamos en estas causas. Las reacciones incluyen desacreditación, amenazas, represalias y desinformación, afectando principalmente a las personas que apoyamos a las víctimas durante el proceso judicial”, concluyó