El Jurado de Enjuiciamiento bonaerense dará a conocer este martes el veredicto que definirá el futuro Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, los magistrados que absolvieron a los detenidos por el femicidio de la joven de 16 años.
“Esperemos que sea un día de justicia, y que Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas sean destituidos”. Con estas palabras, Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, resumió a TN la expectativa de su familia antes del veredicto que definirá el futuro de los jueces que absolvieron a los responsables del femicidio de su hija.
El caso, que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia de género y la revictimización judicial, tiene su última etapa en el Jury de Enjuiciamiento, que tiene lugar en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense, en la ciudad de La Plata. La decisión será difundida este martes al mediodía de forma virtual.
“Es una jornada clave y queríamos estar todos juntos”, aseguró Montero. Para eso, abrió las puertas de La Casa de Lucía en Mar del Plata, una propiedad donde brindan ayuda y asesoramiento a víctimas de violencia de género. Allí, pondrán a todo volumen el canal de Youtube en el que transmitirán la audiencia final, a la espera de una eventual destitución de los magistrados.
El tribunal que debe decidir el futuro de los jueces está presidido por Daniel Fernando Soria, titular de la Suprema Corte bonaerense, e integrado por los senadores Gustavo Soos y Gabriela Demaría, y las diputadas Maite Alvado y Susana González, todos de Unión por la Patria, además del senador radical Ariel Martínez Bordaisco.
Durante las dos audiencias del jury, que tuvieron lugar durante la semana pasada, declararon familiares de Lucía y expertos en políticas de género y funcionarios de distintos organismos que bregan por los derechos humanos. Todos coincidieron en que el fallo inicial no solo revictimizó a la joven, sino que también se fundamentó en estereotipos de género inadmisibles.
El fallo que desató la indignación y un nuevo juicio
Lucía Pérez tenía 16 años cuando fue víctima de un brutal femicidio el 8 de octubre de 2016. El crimen conmocionó al país, pero la indignación se profundizó en 2018, cuando el Tribunal Nº 1 de Mar del Plata absolvió a Matías Farías y Pablo Offidani, los principales sospechosos, condenándolos solo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale argumentaron que la joven tenía “carácter fuerte” y era “determinada”, y por eso “podía tener relaciones con quien quería y cuando quería”, lo que descartaba el abuso.
El fallo, plagado de prejuicios, no solo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires en 2020, sino que además se ordenó un nuevo juicio.
El pedido de destitución fue presentado en mayo del 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación. Dos años más tarde, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Bonaerenses confirmó el jury contra Viñas y Gómes Urso, por “negligencia e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Carnevale no llegó a juicio, ya que logró jubilarse antes de la confirmación. En ese sentido, Montero reclamó que “la exgobernadora (María Eugenia) Vidal le permitió jubilarse antes de tiempo”. “Es una desigualdad total para una familia como la nuestra en la lucha contra la hegemonía del poder judicial”, indicó.
La Bicameral explicó en la resolución que los magistrados “juzgaron a la víctima y no a los victimarios”, y que “llevaron adelante una práctica de revictimización secundaria contra Lucía, aun después de muerta, que atentó contra su intimidad y su dignidad”. Se tomó como un claro signo de “estigmatización”.
“El razonamiento de los jueces se vio contaminado por los preconceptos que se formaron previo análisis de la prueba y la situación fáctica que se reconstruyó en el debate. Entonces, el fallo fue fundado en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, argumentaron.
La condena que llegó tarde
En febrero de 2023, en un segundo juicio, el Tribunal N° 2 de Mar del Plata conformado por Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz condenó a Farías a prisión perpetua como autor material del femicidio de Lucía, y a Offidani a 15 años al ser considerado como partícipe secundario. Esto dejó mal parado al tridente judicial que los había absuelto.
Para la familia de la joven, el daño ya estaba hecho y tuvieron que afrontar un nuevo debate y volver a escuchar una vez más todas las vejaciones que sufrió antes de su muerte. “El primer juicio fue una tortura. Juzgaron la forma de vida de Lucía y hablaron de ella de una manera despectiva y discriminatoria”, recordó su padre Guillermo Pérez al declarar en el jury.
Montero, por su parte, relató el maltrato recibido por parte de los jueces durante el primer juicio. “Viñas me trató muy mal mientras leían la autopsia. También destrató a peritos y a policías que declararon en el juicio. Me faltaron el respeto y nos hicieron un daño irreparable”, denunció.
“Violaron todas las normas posibles”: un alegato contundente
El fiscal Marcelo Lapargo pidió la destitución de los jueces. “Violaron todas las normas posibles. Si en lugar de discriminar a Lucía por su conducta sexual previa lo hubieran hecho por ser negra, judía o evangélica, no estaríamos discutiendo esto. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos. Acá es una niña que dependía de un hombre que traficaba en la puerta del colegio. Los efectos que provocaron esta discriminación produjo efectos irreversibles”, sostuvo en su alegato de cierre.
“Por lo que hemos visto de la constante discriminación que surge de la sentencia, es que no hay ningún contenido crítico, ni de vacilación, tampoco un pedido de disculpas a la familia”, agregó.
Lapargo también subrayó la falta de autocrítica por parte de los jueces y el desprestigio que su fallo generó en el sistema judicial: “Causaron una grave ofensa a la familia y un daño irreparable al poder judicial”.
El jury busca determinar si los jueces incurrieron en negligencia e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. La defensa de la familia Pérez y los expertos apuntaron a que el fallo estuvo contaminado por estereotipos de género y prácticas de revictimización que, incluso después de muerta, atentaron contra la dignidad de Lucía.