El Senado dejó firme este jueves el decreto de necesidad y urgencia que congeló las tarifas de internet, telefonía móvil y TV por cable y lo consideró un “servicio púbico en competencia”, que por lo tanto estará obligado a contar con la autorización del Gobierno cada vez que considere necesario variar los precios.
Los decretos están firmes desde su publicación y sólo pueden ser anulados por decisión de las dos Cámaras. Ya es uso y costumbre de Alberto Fernández tener la ratificación del Senado para no correr riesgos y en este caso no fue la excepción.
Cambiemos no aprobó ningún DNU en protesta a la bicameral de trámite legislativo, encargada de tratarlos en primera instancia: le reprochan que cajonea algunos como el que congeló por seis meses más la movilidad jubilatoria. Al de “las telcos”, además, lo impugnaron porque no estaba vigente el protocolo de Diputados cuando se trató.
El radical Martín Lousteau aclaró que lo hubieran apoyado si sólo se congelaban las tarifas, como se hizo en marzo, pero que no respaldan la consideración de servicio público de las compañías, que las deja sujeta a mayores regulaciones.
Sostuvo que puede ser contraproducente por tratarse de monopolios naturales que cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el servicio. “Tenemos que permitir el cambio tecnológico y dentro de este cambio regular para que haya igualdad dentro de la innovación, ese es nuestro desafío”.
Uno de cada cinco alumnos no tiene acceso a internet y se queda afuera de toda posibilidad de clases virtuales. Tenemos que tener un compromiso en reducir la brecha digital y es para eso que se ha hecho este DNU
“Nadie en el mundo civilizado cree que declarar servicio público esencial es la forma de asegurar el acceso a servicios de internet. Los países que lo han declarado bajo este título son aquellos que paso a paso han intentado controlar los contenidos también”, le siguió Laura Rodríguez Machado, del PRO.
“Internet dejó de ser un tema de entretenimiento, es vital para el desarrollo de actividades económicas, pero gran parte del costo tecnológico está dolarizado y corremos el riesgo de que muchas empresas dejen de existir”, continuó Humberto Schiavoni, del mismo partido.
“Las cloacas son servicio público hace 100 años y no están garantizadas para todos. Los teléfonos lo eran en 1990 y pocos tenían un buen servicio”, ejemplificó su par Esteban Bullrich. Le respondió por el oficialismo Alfredo Luenzo. “Lo que hemos evitado con este DNU es un incremento tarifario, hemos congelado esto porque el acceso a internet significa ingresar al aula, acceder a la salud e inclusive la parte emocional”.
“El mercado sigue marginando a los que menos tienen -continuó-, sigue discriminando por zonas geográficas, allí donde no pueden maximizar ganancias. Por eso esta medida del gobierno nacional busca el principio de igualdad entendiendo que hoy la conectividad es un derecho humano”.
Anabel Fernández Sagasti señaló que “uno de cada cinco alumnos no tiene acceso a internet y se queda afuera de toda posibilidad de clases virtuales. Tenemos que tener un compromiso en reducir la brecha digital y es para eso que se ha hecho este DNU”.
La mendocina del Frente de Todos recordó que en 2014 una ley declaró servicio público las telecomunicaciones, pero Macri la derogó por decreto ni bien asumió. “Quienes hoy amparados en cuestiones formales no quieren aprobar una política de Estado me parece que atrasan y que no están a la altura de lo que demanda la historia no solo de la Argentina, la historia de la humanidad”.
El rionegrino Alberto Weretinleck, habitual aliado del gobierno, pidió proteger a las 338 cooperativas con licencia en telecomunicaciones, 250 dan servicio de televisión, 200 de banda ancha. “Casi todas tienen telefonía fija, si no existieran, en muchos lugares no habría nada, este congelamiento no debe debilitar a las cooperativas”.
El radical Luis Naidenoff le habló a Cristina en el cierre. “¿Usted se acuerda la fusión de Cablevisión y Multicanal quién la firmó un 7 de diciembre de 2007? Un tal Guillermo Moreno. Fueron ustedes, háganse cargo”.
“En el gobierno de Cristina había subsidio de las tarifas. Vino Macri revirtió todo: aumentó el 2.300 por ciento el servicio de energía eléctrica y fundió a una cantidad impresionante de pymes. Aumentó el servicio de gas, lo mismo con autopistas, peajes. Todas decisiones que deterioraron la industria nacional. Las telecomunicaciones en Argentina son un servicio público esencial. Y lo que estamos tratando, es que las prestatarias deban fijar precios justos y razonables”, le respondió el jefe del oficialismo José Mayans.