El Gobierno provincial resolvió prohibir el alquiler de vehículos y maquinarias, el otorgamiento de horas extras y la celebración de nuevos contratos de recursos humanos, entre otras medidas destinadas a limitar el gasto publico.
“El único objetivo es que el Estado provincial sostenga su equilibrio económico-financiero y pueda asistir las necesidades sociales” destaca el decreto 31 sobre este tema.
La decisión comprende también a la firma o renovación de convenios con organismos o entidades públicas o privadas que impliquen directa o indirectamente erogaciones al Estado Provincial, la designación y/o contratación por empleo público a personas que se hayan acogido al beneficio jubilatorio con excepción del cargo de Ministro y Secretario y cobertura de cargos vacantes o de manera interina de autoridades superiores, funcionarios no escalafonados, personal jerárquico de la administración pública, organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, excluida la docencia.
