La Cámara baja tratará en plenario de comisiones los proyectos presentados por Hernán Lombardi (PRO) y Juan Manuel López (CC).
En tanto, el diputado del MID, Oscar Zago, afirmó que “hay diferentes proyectos, entre recientemente uno de la Coalición Cívica, está el del diputado Lombardi”.
Cabe señalar que, en los pasillos oficiales, consideran que un vasto sector de la sociedad hoy ve con buenos ojos el privatizar Aerolíneas Argentinas. “Los paros, los beneficios extraordinarios, son factores que ayudaron a que, incluso sectores de la política, que antes estaban en contra de privatizarla, hoy estén dispuestos a discutirlo”, dicen. Estiman que el tratamiento del proyecto de presupuesto demandara “como mínimo un mes” coincidían los legisladores.
Más allá de estos proyectos, el Gobierno quiere remitir al Parlamento otro paquete de iniciativas legislativas como ser: Ley Hojarasca, Divorcio Vincular, Sucesiones y reforma educativa. Esto explica que la estrategia sea mantener un diálogo más fluido con los legisladores.
Por parte de los diputados nacionales, asistieron por la Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Carlos Zapata y Nadia Marzquez; en representación del PRO, Diego Santilli, Sergio Capozzi, Hernán Lombardi, Silvina Lospennato, Silvina Giudici y Patricia Vázquez; y por el MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone.
Los proyectos para la privatización de Aerolíneas Argentinas que se tratarán en Diputados
En cuanto al proyecto de Lombardi, este establece declarar “sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, la empresa Aerolíneas Argentinas S.A”.
A su vez, autorizaría a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el Artículo 1°”.
Mientras que la iniciativa de la Coalición Cívica pide que se respeten las disposiciones incluidas en la ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN).
En línea con eso, la ley fija que la comisión deberá ser informada de cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo nacional en el marco de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 23.696, además de las medidas adoptadas, con el objetivo de garantizar los principios de “transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión”.
Por último, asegura que la AGN deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de 120 días hábiles.