EL GOBIERNO RECORTÓ POR LA MITAD UN PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Se trata del plan “Acompañar”, orientado a “promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo” y que fue creado por el desaparecido Ministerio de la Mujer en 2020. Ahora, pasará a tener menor financiación.

El Gobierno continúa con la motosierra y ni siquiera se salvan las víctimas de violencia de género, a quienes ahora se les recortó un programa de ayuda económica: el Ministerio de Justicia, que absorbió al desaparecido Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, decidió reducir a la mitad el financiamiento del plan “Acompañar”.

Así quedó publicado en el Boletín Oficial a través del decreto 755/2024, que sustituye el artículo 5°, el cual indicaba que la prestación económica consistía de un salario mínimo vital y móvil durante un período de seis meses. Ahora, pasará a ser por solo por tres.

“Es prioridad del Gobierno Nacional adoptar los mecanismos necesarios para que los recursos con que cuenta el Estado se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía”, destacaron en el texto.También se modificó el artículo 4 del decreto original, que requería únicamente la presentación de un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, requerirán también la denuncia judicial o policial por motivos de género. Lo que sí se elimina es la necesidad de que los extranjeros que quieran acceder demuestren un año de residencia en el país.

El programa fue creado en septiembre de 2020 por la administración de Alberto Fernández, cuando todavía Elizabeth Gómez Alcorta era la ministra de la cartera. A principios del 2024, Javier Milei lo disolvió y quedó en forma de subsecretaría bajo la órbita de Mariano Cúneo Libarona. En junio, se informó su cierre definitivo bajo el argumento de que había sido creado “para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlar y eventos”.

“Existía una clara superposición de funciones de distintas agencias gubernamentales que se dedican a la misma tarea”, aseguraron, también, desde el Gobierno. Así, se concretó del desmantelamiento del área y el despido del 80% de los 800 empleados que quedaban.