A través del decreto 695/2024, el Poder Ejecutivo puso en marcha la primera parte de la extensa legislación, vinculada a procesos administrativos y normas relacionadas al empleo público. “Hacen a la desburocratización”, explicó Guillermo Francos.
“No se pierdan de leer el próximo Boletín Oficial de la República Argentina”, escribió el vocero presidencial Manuel Adorni el pasado sábado por la mañana en X y despertó un alto interés en el próximo paso del Gobierno. Finalmente, a menos de un mes de su promulgación, se reglamentó el primer tramo de la Ley Bases, vinculado a la reforma del Estado: nuevos procesos administrativos, normas relacionadas al empleo público y, sobre todo, las privatizaciones.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó en la red social X (antes Twitter) que los aspectos de la Ley Bases reglamentados este lunes “persiguen tres objetivos centrales: acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas”.
La Secretaría de la Modificación del Estado y Función Pública, que depende de la cartera que lidera Sturzenegger, será la autoridad de aplicación en todo lo referido al empleo público. Entre las modificaciones a la Ley 25.164 se incluye una “Evaluación General de conocimientos y competencias” que deberá ser aprobada para ingresar a la administración pública.
“Hoy, siguiendo el mandato de las urnas, el Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes. Pero nunca es un mal momento para diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo”, destacó el ministro.
Además, señaló que “el régimen disciplinario se endurece al brindarles más poder a los funcionarios para sancionar conductas de incumplimiento de los empleados. A su vez se determina la obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro”, advirtió.
El decreto también crea el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, donde los titulares de las jurisdicciones y de los organismos descentralizados incluirán a los trabajadores afectados por “medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, o de reducción de personal por encontrarse excedida la dotación óptima necesaria”.
Sturzenegger aclaró que durante el pase a disponibilidad el trabajador “cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un período de hasta 12 meses. Durante este periodo podrá capacitarse. Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado generando una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores”.
“Lo reglamentado hoy se focaliza primordialmente en los aspectos de la Ley Bases que versan sobre reforma del Estado. En las sucesivas semanas se completará la reglamentación del resto de los capítulos de la Ley Bases”, concluyó.