El Ejecutivo respondió este lunes a la nueva intimación del juez federal Sebastián Casanello para cumplir con la cautelar dispuesta. Capital Humano presentó un informe complementario y anunció que se convocará a los ministerios de Desarrollo Social provinciales para que participen de la distribución.
En un tono conciliador que buscó dejar atrás la confrontación que tuvo desde que se inició la causa, el Gobierno le entregó este lunes al juez federal Sebastián Casanello un informe complementario sobre el plan de entrega de los alimentos retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tucumán, eje de una polémica audiencia entre el dirigente Juan Grabois y la subsecretaria legal de Capital Humano Leila Gianni. En su escrito, el Ejecutivo explicó que ya se entregó la leche y el harina de maíz próxima a vencer y consultó sobre la yerba que inicialmente se había dicho que estaba en mal estado y ahora se podría consumir. Además reafirmó que el resto de los productos serán entregados escuelas vulnerables y reveló la decisión de convocar a las provincias para que participen de esa distribución.
La presentación del ministerio de Sandra Pettovello es la respuesta a la nueva intimación que había hecho el juez el viernes 14 de junio para que, en el plazo de 72 horas hábiles, “dé acabado cumplimiento a la presentación” del cronograma de entrega de esos productos. Le pidió además que, de manera documentada, informe que se hizo hasta ahora. Y ofreció que algún funcionario, “responsable dentro del área competente, conocedora del plan diseñado” se presente en tribunales para “ampliar la información” conforme los parámetros oportunamente establecidos en la resolución.
Pasada más de una semana, por los reiterados feriados, la representante de Capital Humano entregó la respuesta oficial. Y lo primero que subrayó es que “no existen diferencias de objetivos entre lo dispuesto por el Tribunal y las decisiones que ya habían sido adoptadas en la sede de este Ministerio, ambos guiados evidentemente por el alto propósito de contribuir a paliar las necesidades alimentarias de sectores vulnerables”.
A lo largo del escrito buscó mostrar un cambio de actitud: de llamar a Casanello “juez militante” públicamente ahora se subrayó “los loables propósitos perseguidos por el Tribunal”. “Nos permitimos de manera respetuosa” recordar que “el Ministerio de Capital Humano, tiene como objetivo principal, impostergable e irrenunciable, el de proteger y asistir a la población más vulnerable”, se insistió.
Y se hizo hincapié en “las especiales circunstancias que determinaron que este Ministerio dispusiera la entrega inmediata de productos alimenticios que se encontraban depositados (como quedara dicho con el fin específico de afrontar y asistir en situaciones de emergencia y catástrofe)” y que “no habían sido repartidos por decisión del anterior gobierno”.
Del escrito que llegó al despacho de Casanello surge que ya se entregó, a través de la fundación Conin, los 465 toneladas de leche en polvo próxima a vencer y el stock de harina de maíz, que “por razones de logística tanto de almacenamiento como de necesidades” fue repartido en el Municipio de Capitán Sarmiento en lugar de las localidades de San Isidro y Hurlingham.
“En relación con la distribución de alimentos en las escuelas vulnerables -se afirmó- convocamos a todos los Ministerios de Desarrollo Social provinciales a participar en la distribución de los alimentos que este Ministerio tiene en stock, conforme surge de las constancias que se adjuntan. Los porcentajes de asignación de alimentos en las provincias que adhieran se definirán a partir de una lógica de distribuidor de recursos alimentarios utilizando el ICSE (Índice de Contexto Social de la Educación)”, reveló Capital Humano ante la Justicia.
Según se precisó, “la manifestación de voluntad deberá efectuarse en el plazo perentorio que va del 24 al 28 de junio del corriente. Una vez vencido el referido plazo, trabajaremos exclusivamente con las provincias que hayan decidido recibir alimentos para lograr, con la máxima premura posible, la entrega de estos, lo que será informado en detalle al Tribunal a medida que se vaya concretando. La adhesión implicará la obligación de proceder al retiro, a cargo de la jurisdicción, de los alimentos en las cantidades y ubicación que se establezcan mediante Convenio de Colaboración que deberá suscribirse a tal efecto”. La primera semana de julio, se añadió, se le informará al juez las jurisdicciones que manifestaron su voluntad de distribuir alimentos y los porcentajes que les corresponden del stock total.
En su momento, el Gobierno también había dicho que la yerba stockeada estaba en mal estado y no era apta para consumo humano. “En un principio y a modo preventivo se concluyó que los mismos no se ajustaban a los parámetros establecidos por la IRAM -señala el escrito-. Sin embargo, cabe destacar que habiendo remitido muestras de aquella mercadería para su análisis al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se ha recibido el informe pertinente, acompañado a la presente, del que surge que las muestras suministradas cumplirían con los parámetros establecidos”.
“En función de lo expuesto, y respecto de los paquetes de yerba de las marcas “EL BUEN OJO” y “SIERRA DEL IMÁN”, se solicita a V.S. se indique a este organismo el temperamento a adoptar con relación a la distribución del mencionado producto. Para el caso en que se indique a este Ministerio que debe procederse a su distribución, proponemos incluir dicho producto dentro de los alimentos cuya distribución se realizará en las escuelas vulnerables”, se añadió.
Capital Humano acompañó en el escrito el Informe publicado por el Fondo Monetario Internacional, organismo que -se subrayó- destaca “la labor que en materia alimentaria viene realizando hasta el momento el Ministerio de Capital Humano” y los esfuerzos que el gobierno ha realizado para asistir a personas en situación de vulnerabilidad y las medidas adoptadas para ampliar beneficios sociales y mejorar su focalización. También destacó que se están realizando esfuerzos, en colaboración con el Banco Mundial, para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo social, incluso mediante el desarrollo de un plan para actualizar la base de datos actual a nivel individual y pasar a una base de datos a nivel de hogar.