ANÁLISIS SOBRE EL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO: APOYO AL CONSENSO EN LA CÁMARA ALTA Y PREOCUPACIÓN POR EL VETO PRESIDENCIAL

Durante el programa “Mañana Fantástica”, el licenciado Santiago Comán, secretario general de ADUNSE, y el licenciado Enrique Biasone, secretario gremial, abordaron la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Senado y el posible veto anunciado por el gobierno nacional.

Ante este escenario, Comán destacó como un aspecto positivo que el Congreso de la Nación, en este caso la Cámara Alta, haya logrado una aprobación prácticamente unánime. “Es un esfuerzo que surge del consenso, lo que implica un impacto del 0,14% en el Producto Bruto Interno, es decir, $738.595 millones. Este logro, alcanzado con los dos tercios de los votos, es muy necesario y beneficioso para las universidades públicas nacionales”, sostuvo. Además, subrayó que esta ley “renueva el compromiso con una gestión responsable, ya que representa el esfuerzo de la sociedad argentina para financiar a las universidades públicas”.

En esa misma línea, Enrique Biasone se refirió al anuncio del gobierno, que ha anticipado un posible veto, argumentando que pondría en riesgo el superávit fiscal, tal como ocurrió con la reforma jubilatoria. Biasone advirtió: “En primer lugar, el sueldo del docente universitario y del personal de la universidad en general está, en gran medida, por debajo de la línea de pobreza. Esta ley contempla dos puntos clave: recalcular los salarios teniendo en cuenta la inflación a partir de diciembre de 2023, y el otro consiste en restar los aumentos salariales ya obtenidos hasta la fecha. Esta es una decisión política cuyo objetivo es reducir el salario de los docentes universitarios”, opinó.

Asimismo, manifestaron que, en caso de que el presidente Javier Milei vetara la ley aprobada por el Senado, se deberá analizar el procedimiento en términos de lo que establece la Constitución Nacional y el trámite parlamentario correspondiente. “El presidente puede vetarla, y en ese caso, la ley regresaría a la Cámara para ser tratada nuevamente. Si logra la mayoría necesaria, debe ser promulgada de manera automática. En caso contrario, queda abierta la vía judicial para solicitar el cumplimiento de la norma”, explicaron.

“Es un gran avance contar con esta ley. Implica que las partes se sienten a dialogar y busquen un mecanismo de aplicación consensuado que permita garantizar la ejecución presupuestaria solicitada por la norma en un plazo determinado”, concluyeron.