En una entrevista para el programa “Mañana Fantástica”, Alejandro Giménez, empleado del Registro del Automotor, ofreció detalles sobre el anuncio del gobierno de reducir en un 40% la capacidad del registro del automotor y cómo esto afectaría al sector.
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Después de la eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA), que anteriormente requería informar a la AFIP sobre la venta de un vehículo, el Gobierno Nacional ha anunciado su intención de “reducir la burocracia asociada a la compra de automóviles”. Como parte de este esfuerzo, se planea cerrar el 40% de los Registros Automotores en todo el país.
La primera fase comenzará con aquellos registros que han estado bajo intervención durante más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes que también están bajo intervención.
En respuesta a lo expuesto públicamente, Giménez expresó con impotencia y desaliento las medidas que el gobierno nacional está implementando en relación con los registros. “No tenemos la culpa de que otros registros de propiedad automotor sigan intervenidos y no se hayan normalizado; frente a un contexto donde todos somos tratados de la misma manera. En cuanto al cierre del 40% de los Registros del Automotor en toda Argentina, considero que los riesgos para la seguridad laboral recaen en los empleados de las oficinas centrales”.
Giménez realiza su labor en las jurisdicciones del Departamento Alberdi, Moreno y Copo, áreas que presentan desafíos significativos, ya que muchos ciudadanos desconocen el proceso para obtener un turno o usar el correo electrónico. Considera que las iniciativas propuestas por el gobierno nacional son poco realistas; “estamos muy alejados de la realidad, en algunas zonas incluso carecemos de señal telefónica y en muchos casos de acceso a internet.”
A lo largo y ancho del país, hay un total de 1,558 registros automotores, y con la reducción del 40%, quedarían cerca de 600 cerrados. “No solo están planeando cerrar en una primera etapa los registros que ya están intervenidos, sino que también pretenden cerrar el resto de los registros”, expresó Giménez con preocupación.
Además, añadió: “los empleados del registro no le cuestan ni diez centavos al Estado nacional; no nos proveen absolutamente nada. Claramente, tememos por nuestra fuente de ingresos, además de generar un perjuicio muy grande para las personas que necesitan realizar trámites. Cumplimos un rol importante en la comunidad. El gobierno nacional parece creer que todo el país es como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la realidad aquí es diferente. No tenemos ni caminos ni señal de teléfono. Es un total despropósito lo que está haciendo el gobierno”, completó.