La iniciativa irá al Senado para su debate y aprobación; 195 diputados votaron a favor, 19 en contra y hubo 4 abstenciones.
Con 195 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó la media sanción del proyecto alcohol cero al volante para modificar la ley 24.449 que regula el tránsito en el país. La iniciativa pretende modificar los niveles permitidos de alcoholemia en la conducción de vehículos. En la actualidad la tolerancia para manejar después de haber consumido una bebida alcohólica es de 0,5 gramos en sangre y de ser aprobado en el Senado bajará definitivamente a 0%.
En la Argentina, 11 provincias y más de 40 municipios ya tienen una normativa de alcohol cero al volante para todo tipo de conductores de cualquier vehículo motorizado, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El nuevo proyecto se presentó en el Congreso de la Nación en abril de 2021 y llegó al recinto después de recibir dictamen en las comisiones de Transporte y de Seguridad Interior. Además de introducir cambios en la ley de tránsito, propone modificar cuestiones penales que aumentan la responsabilidad de los conductores que causen una muerte al volante estando alcoholizados.
La propuesta fue elaborada en conjunto por la ANSV, el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), asociaciones de familiares de víctimas de tránsito y legisladores nacionales.
Al momento de votar, los legisladores tuvieron en cuenta información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recabó que cada año fallecen en el mundo alrededor de 1,35 millones de personas como consecuencia de accidentes viales, mientras que entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones traumáticas, de las cuales una porción registra alguna forma de discapacidad permanente. El organismo internacional llegó a declarar que los traumatismos causados por el tránsito son consideradas actualmente como una “epidemia”, siendo la principal causa de muerte entre los jóvenes.
“Los hechos viales son la principal causa de muerte en jóvenes en la Argentina. La muerte por siniestros viales es la primera causa de decesos en menores de 35 años y la tercera sobre el total de la población. Se lleva la vida de 20 personas por día. En 2018 fueron 7000 víctimas fatales. En más del 50 % de las muertes por siniestros viales el alcohol está presente”, dijo en la sesión el diputado nacional Jorge Rizzotti (UCR) en apoyo al proyecto.
Por su lado, la diputada mendocina Jimena Latorre, de su mismo espacio manifestó el rechazo: “Es demagogia cambiar la tolerancia del alcohol en sangre permitida para conducir, sin cambiar las sanciones para el que infrinja tal tolerancia. Es prohibir sin posibilidad de castigar”, sostuvo Latorre e indicó: “la modificación de un solo artículo de la Ley 24.449 es lo único para lo que alcanzó la madurez del acuerdo. El acuerdo sobre un título, un slogan, y no sobre una política eficiente, no para una solución a la siniestralidad vial”, dijo la diputada.
Florencio Randazzo, diputado del Interbloque Federal apoyó la medida y sostuvo: “con la sanción de alcohol cero se termina la especulación de los conductores: no podés tomar nada si vas a manejar”.
El jefe del bloque Frente Pro, Cristian Ritondo, planteó: “El alcohol y el volante no pueden ir juntos; cuando nuestras capacidades se reducen, convertimos a nuestro auto en un arma. Volante más alcohol es muerte, es perder un ser querido”. Y recordó: “En 2019, con las Madres del Dolor y con Viviam Perrone, nos comprometimos a que esta ley fuera sancionada, hoy lo estamos haciendo. Estamos aportando este granito de arena desde el recinto para seguir avanzando en un marco legal que enfrente una de las causas evitables de muerte más importantes de nuestro país”.
Consecuencias negativas
En la Argentina, de acuerdo a los datos oficiales de la ANSV en los últimos 10 años se superaron las 50.000 víctimas mortales y el millón de personas lesionadas en siniestros viales. Los diputados debatieron que el alcohol es un factor involucrado en muchos de los accidentes. En el proyecto definieron que “beber deteriora las funciones esenciales para una conducción segura, como la visión y los reflejos, disminuyendo la capacidad de discernimiento, lo que se asocia generalmente a otros comportamientos de riesgo, como el exceso de velocidad y el incumplimiento de las normas de protección. Por otro lado, conducir bajo los efectos del alcohol trae consecuencias negativas para todos los usuarios de la vía y no solo para el conductor alcoholizado”.
Otro estudio realizado por la ANSV, a partir de la información recabada en las salas de emergencia de hospitales públicos, detalló que uno de cada cuatro personas que ingresan en guardias hospitalarias por siniestros viales consumió alcohol durante las seis horas previas al ingreso. El informe evidencia que el 25,1% de los conductores de vehículos (automovilistas, motociclistas y ciclistas) declararon haber consumido alcohol en las horas previas al siniestro vial.
Como medida para disociar el consumo de alcohol de la conducción la ley trae consigo modificaciones en los límites previstos de la ley penal para casos de muertes producidas por la conducción imprudente de vehículos. El alcohol, al igual que los estupefacientes, es considerado un agravante de la pena para el responsable del accidente, pero en la actualidad la condición opera cuando se registra 0,5 gramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público y un gramo para los demás conductores. En sintonía con lo que propone la ley, el agravante por alcoholemia va a operar dentro del Código Penal a partir de cualquier porcentaje por encima del cero registrado en el conductor.
El proyecto obtuvo dictamen de comisión tras un acuerdo entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal y su tratamiento generó el rechazo del sector vitivinícola. En septiembre pasado, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) sostuvo en un comunicado que, en caso de aprobarse, “la Argentina sería el primer país productor de vino en tener esta ley”. Y agregaron: “atenta no solo contra la industria vitivinícola sino también contra el sector gastronómico y el enoturismo de una actividad productiva hoy presente en 18 provincias argentinas”.